“Por incumplir manifiestamente durante los últimos 12 meses sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos”. En estos términos, el gobierno de Estados Unidos se refirió a los pobres resultados de Colombia en la lucha contra las drogas que llevaron a su descertificación condicionada. Aunque seguirá recibiendo fondos de cooperación, ahora lo hará desde la lista negra de estados que no hicieron lo suficiente para reducir las narcosiembras.

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El presidente Gustavo Petro recibió el país con 230.000 hectáreas de coca, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Aunque el aumento de estas parcelas no ha sido exponencial, creciendo en 2023 –el último año del que se tiene registro– un 10 %, sí lo hizo la producción potencial del alcaloide, con un +53 %, cerrando ese año con 2.664 toneladas de cocaína pura. 

Uno de los factores que motivaron la disparada en la cifra, a la que no se le descuentan las toneladas incautadas –más de 800 el año pasado y 600 en los primeros siete meses del 2025–, fue la caída drástica en la erradicación forzada. 

Estos resultados han venido en una curva en descenso desde 2022, cerrando el año pasado en la cifra más baja de la última década, con 9.403 hectáreas. Con corte a julio del 2025, según datos del Ministerio de Defensa, se habían arrancado apenas 3.636 hectáreas, de una meta de 30.000.

Estos números en rojo responden al foco de la política de drogas del gobierno Petro en la sustitución voluntaria y la interdicción, descuidando el componente de erradicación forzada, que durante el gobierno del expresidente Iván Duque, aún sin la aspersión aérea con glifosato, alcanzaba las 130.000 hectáreas; un elemento que fue determinante en la decisión que tomó la administración Trump.

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El Presidente le apostaba a un tránsito hacia las economías lícitas conciliado con los campesinos cocaleros, un ideal que no logró materializarse, según expertos como el profesor Luis Fernando Trejos, porque el Estado no sustituyó la gobernanza criminal que ejercen los grupos armados en estas zonas del país.

«La efectividad de la lucha contra la coca está amarrada al control real del Estado sobre el territorio, una situación cada vez más compleja en medio de los resultados de la ‘paz total’», dijo el investigador.

Lucas Marín, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, comparte esta tesis. “El Estado colombiano no ha resuelto ni enfrentado las causas estructurales por las que las comunidades terminan involucradas en este tipo de mercado y en economías agrícolas ilegalizadas. Por el contrario, estas zonas quedaron atrapadas en disputas entre estructuras armadas», señaló.

Esta es una de las razones detrás de las asonadas de la población civil, instrumentalizada por los ilegales, contra la Fuerza Pública, la mayoría durante tareas antinarcóticas: erradicación o desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de cocaína y pasta base. En algunos casos, según información de inteligencia, las comunidades terminan arremetiendo contra la tropa bajo su autonomía por la dependencia económica con estas rentas ilícitas.

Una propuesta tardía

Bajo este contexto, el pasado 8 de septiembre el presidente Petro abrió la puerta para que en estas zonas críticas se fumigue vía aérea. Sin embargo, de acuerdo con analistas como Jairo Libreros, la decisión llegó tarde y, en el año que resta para terminar el cuatrienio, no alcanzaría a propulsar los números de erradicación. 

“El presidente Duque duró tres años intentándolo y no pudo. El presidente Petro, además de enfrentar la misma dificultad (de cara a los requisitos que exige la Corte Constitucional), no cuenta con el tiempo suficiente para lograrlo”, señaló Ana María Rueda, coordinadora de la línea de investigación de cultivos ilícitos de la Fundación Ideas para la Paz. 

Esta medida, si bien, según el embajador en Washington, Daniel García-Peña, “cayó de buena manera” entre congresistas y autoridades estadounidenses, no logró revertir los flacos resultados en la reducción del mar de coca de 253.000 hectáreas. 

En Colombia, por su parte, fue recibida como un ‘mea culpa’ frente a las limitaciones de la apuesta del Gobierno por la sustitución voluntaria, amarrada a la fracasada política de la ‘paz total’, que tendió puentes con estructuras armadas y pactó la no extradición de sus capos. 

El objetivo era “dar tierra a los campesinos y motivarlos a abandonar los cultivos ilícitos, pero ese proceso no ha avanzado y la política de sustitución ha tenido poca efectividad”, señaló el politólogo Carlos Charry.

En octubre se conocerán los resultados del informe Simci 2024, en el que se espera, al igual que en 2023, que el número de hectáreas con coca se mantenga, aunque con un aumento en la producción potencial, producto de la industrialización que lograron los narcos para sacar mayor rentabilidad de cada mata. Por esta razón, a la par de las cifras récords en incautación, Colombia conserva el desafío de bajar el número de toneladas de clorhidrato que salen de sus enclaves.

Sara Valentina Quevedo Delgado