El registrador Hernán Penagos, quien organiza todas las elecciones de Colombia, ha puesto en pausa la iniciativa política más importante para el presidente Gustavo Petro. El viernes pasado recibió el decreto firmado por el jefe de Estado y sus ministros para convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto, en la que los colombianos votarían una docena de preguntas en temas laborales y sanitarios. Pero es una decisión muy polémica. El decreto fue inmediatamente demandado por críticos, juristas y líderes de oposición, con decenas de demandas ante las más altas cortes de Colombia. Argumentan que Petro se salta al Legislativo, pues esa rama ya votó negativamente el llamado a una consulta. El presidente desconoce esa votación del Senado, dice que en ella hubo fraude y que por ello puede convocar directamente. Penagos, quien no actúa como juez, ha dicho este martes que esperará a que los tribunales se pronuncien para saber si sigue adelante. “Lo correcto, lo pertinente, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con la consulta popular”, dijo en rueda de prensa. “Está en juego el orden institucional del país… está en juego la democracia”, añadió.

El registrador, quien es abogado y ha hecho carrera en la política, ha explicado que solo el Consejo de Estado ha recibido 10 acciones de nulidad simple contra el decreto, 34 de nulidad por inconstitucionalidad y 97 acciones de tutela. La Corte Constitucional, por su parte, ha recibido 11 demandas de inconstitucionalidad. “Ante todo quiero invitar a las altas cortes para que de manera muy rápida y ágil puedan entregarle a Colombia una decisión de fondo”, insistió. Como el Legislativo y el Ejecutivo tienen una disputa jurídica profunda sobre la constitucionalidad del decreto, y cualquier decisión que tome entraría en ese terreno disputado, ha preferido esperar el pronunciamiento de los tribunales para evitar la “anarquía constitucional”. “Está en juego el principio de separación de poderes”, insiste quien fuera congresista y magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Los tiempos de las cortes, especialmente de la Constitucional, pueden ser largos. Ante ello, el registrador ha anunciado que pedirá un pronunciamiento a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, una dependencia de esa alta corte que emite conceptos jurídicos no obligatorios para el resto del Estado. Aunque se trate de una opinión y no de una sentencia, esa respuesta puede darle un piso más firme para actuar en una controversia en que, Penagos insiste, “no tiene precedente en la historia reciente del país”.

El ministro del interior, Armando Benedetti, ha reaccionado tan solo minutos después al anuncio del registrador. Antiguos compañeros del Partido de La U, el exsenador ha acusado a Penagos de ir más allá de sus funciones. “Yo creería que él no está acatando el decreto. Él es un operador logístico, por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”, ha dicho el ministro. “Creo que se está equivocando gravemente”, ha añadido quien se ha convertido en una de las figuras prominentes del Ejecutivo.

Penagos, por su lado, ha reiterado que la cautela es la mejor vía, no solo por el choque institucional, sino porque “estamos ante una dificultad material”: la consulta popular puede costar 750.000 millones de pesos (unos 170 millones de dólares), cuenta, y requiere una logística compleja para que todos los colombianos, dentro y fuera del país, puedan votar en menos de dos meses. Las elecciones presidenciales, cuenta, requieren un año y medio de logística para lograr ese mismo objetivo.

Quienes conocen a Penagos esperaban que él le diera el protagonismo a las cortes ante la delicada decisión sobre el futuro de la consulta popular. “Es muy aferrado a las cortes. Dice que se debe a ellas”, contó la semana pasada el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, quien arrancó su carrera política con Penagos en su natal departamento de Caldas. Además, el registrador guarda mucho respeto por el Legislativo, del que fue parte, y por la rama judicial: fueron las tres cortes, la Constitucional, la Suprema y el Consejo de Estado, quienes lo eligieron para estar a cargo de la Registraduría. Ahora deja el balón de la consulta popular en manos de estos tribunales. Solo ellos, insiste, pueden dar la luz verde o frenar el polémico decreto que está en el corazón del proyecto de Gustavo Petro. Éste último ya ha anunciado que, de no seguir adelante la consulta, podría buscar una asamblea constituyente.

FUENTE: El pais.